Turno: 64 / Se reanuda la sesión a las nueve horas

También me parece patético que se refiera a una intervención patética del portavoz alguien que si tiene experiencia en algo es en los servicios de espionaje.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia.

Señorías, con las enmiendas planteadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto se pretende que las cotizaciones de los concejales sean en función del tiempo completo o de la jornada parcial. Efectivamente, aquel concejal que tiene dedicación exclusiva tiene cotización completa, como es lógico, y el que tiene una jornada parcial, no tiene que ser solo por asistencia a Plenos, sino que también puede estar incluido en concepto de jornada parcial en función de lo que percibe como tal. Por eso, rechazamos esta enmienda.

La enmienda presentada por CiU habla de los regímenes especiales −agrario y autónomo−. No olvidemos nunca que los regímenes especiales son todos aquellos que están en un régimen especial por su condición como tal, pero que no están discriminados. El régimen especial agrario ha sido asimilado, de alguna forma, al régimen general, pero por ley, durante cuatro años, va es a estar actualizando las cotizaciones progresivamente. La cotización máxima que ha establecido el Gobierno actual es coherente, no solamente va a recaudar más prestaciones. Muchas veces nos encontramos con que hay muchísimas personas que tienen la intención de cotizar por una mayor cuantía en una base mayor, pero no se les puede incluir puesto que han llegado al tope. Es un tema que viene del año 1993, aproximadamente, y entendemos que ese tope no puede existir. ¿Por qué? Porque hay voluntad propia de que no haya discriminación entre los distintos regímenes. Yo, en concreto, recuerdo cómo el régimen especial de autónomos −que todos conocemos− ha ido creciendo en prestaciones −llámese desempleo o terminación de contratos− y, sin embargo, al mismo tiempo, hemos ido viendo cómo se ha cotizado por ello, en función de lo que realmente percibían. También hemos podido ver personas que están acogidas al régimen de autónomos y que por razones de no tener cuantía suficiente para pagar tienen que cotizar por la base mínima. Hemos observado que hay una gran discriminación, porque en el régimen general, un trabajador acogido a un convenio cotiza mucho más que el propio empleador, que por estar incluido en la base mínima no cotiza. Por eso, se ha aumentado la base de cotización, tanto para el régimen agrario como para el régimen de autónomos, con las prestaciones que ello conlleva.

Por tanto, yo creo que se ha cumplido firmemente con la petición formulada desde hace tiempo por estos trabajadores, que cada día están proliferando más y que, de alguna manera, son los que realmente están sosteniendo este país. La pequeña y mediana empresa −llámese régimen agrario, llámese régimen de autónomos− es la que realmente mantiene una gran cortina de trabajadores que oscila entre el 80 y el 85%.

Nosotros vamos a rechazar esta enmiendas, porque entendemos que están aumentadas por el Gobierno del Partido Popular con un concepto claro de la situación. Así lo hemos hecho ver y así está en el proyecto de presupuestos. Por tanto no hay más explicación que la que acabo de dar, por una parte, con el tema de los concejales y, por otra, con las cotizaciones.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista dice que nos enmendemos. Si ustedes presentan las enmiendas que consideran oportunas a los presupuestos del Partido Popular, la Cámara Alta está para corregir las deficiencias o razonamientos técnicos, que es lo que dice la enmienda: la enmienda 535 dice que es por puras razones técnicas. En cuanto a la 526, que usted acaba de mencionar, señala la obligación de comunicar simplemente los ingresos. Sepa usted, como sabemos todos los españoles, que, por no comunicar los ingresos, la Seguridad Social pide luego la devolución de prestaciones a los trabajadores que no han declarado percibir ciertas cuantías. Me explico. Si yo, por ejemplo, no hago la declaración por entender que ciertas cuantías no son concepto salarial y luego la Seguridad Social me lo reclama, me encontraré con que tendré que devolver la prestación completa del año anterior. Vemos que los tribunales de justicia lo están pidiendo porque lo hace la entidad gestora. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que interpretan a su manera si una determinada cuantía es salario o no es salario. Por eso hemos dicho: haga usted una declaración jurada antes de finales de 2012 sobre los salarios que ha percibido. ¿Para qué? Para que la entidad gestora lo valore y diga: sí, efectivamente tiene usted derecho a seguir percibiendo la prestación de complemento a mínimos. ¿Por qué? Porque podríamos mantener el complemento a mínimos y encontrarnos en otra situación. De hecho, hay mucha gente −y no voy a hablar ahora de la economía sumergida− que, al no declarar una cuantía determinada, está percibiendo prestaciones con complementos a mínimos o prestaciones sociales; lo sabemos todos. Esta es la solución que damos como legisladores: comunicar los ingresos percibidos en el año 2012 a que se refiere el apartado cuatro, porque carece de sentido que se le haga un abono complementario si luego tienen que devolverlo. Porque la devolución crea un gran problema; lo digo porque es algo que manejo por mi condición de profesional, y veo muchísimas personas que pensaron en su momento que no era necesario declarar ciertas cuantías que habían percibido el año anterior y siguieron cobrando la prestación; y cuando se les decía que tenían que haber declarado ese salario o esa cuantía, respondían que no lo sabían, y entonces había que decirles: pues devuelva usted la prestación porque hay un tope para percibirla. De ahí la combinación que proponemos; hemos dicho: mire, haga usted antes de final de año una declaración jurada de lo que percibe para la entidad gestora −como hacemos los parlamentarios, que declaramos todo lo que tenemos para ver si es compatible o no−, y ella será luego la responsable de decirle, de oficio: usted tiene derecho a complemento a mínimos, o no lo tiene. Es una solución mucho más homogénea, más clara, y, sobre todo, una solución que evita muchísimos perjuicios. Que a una persona se le pida luego la devolución de las cuotas y que no tenga el dinero le puede producir un trastorno monumental, más aún tratándose de personas económicamente débiles, con un poder adquisitivo muy bajo.

Estas son las condiciones que planteamos en nuestras enmiendas y el motivo por el que rechazamos las tres enmiendas que han presentado otros grupos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señor Fernández.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ruiz.
El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias.

Entiendo las justificaciones que ustedes dan, de que pretenden hacerles un favor a los pensionistas que cobran los complementos a mínimos; pero es justo lo contrario: lo que ustedes pretenden es eliminar el sistema por el cual se cobraban esos complementos a mínimos, obligando a acreditar las circunstancias por las que se pagaban. ¡Era una presunción! La Administración, de oficio, podía recabar los datos para comprobar si efectivamente se percibían solo las cantidades mínimas que daban acceso a la prestación. Pero ¿qué ha ocurrido ahora? Que ustedes se han dado cuenta de que este año, por ejemplo, van a ser 65 000 los cobros indebidos, con un coste de 117 millones de euros. ¿No hubiera sido más fácil, para corregir eso, gestionar con más eficacia, con más personal que pudiera comprobar las circunstancias, en vez de obligar a los cientos de miles de perceptores de los complementos a mínimos a hacer una declaración? Claro, es más sencillo lo segundo que lo primero. Pero ¿qué puede ocurrir? Que muchas de las personas que tienen derecho al complemento a mínimos ignoren la circunstancia de que tienen que comunicarlo obligatoriamente, y no mediante requerimiento o de oficio; porque, claro, de oficio, las cantidades prescribirían a los cuatro años, ¿verdad? Esa es una imposición que no les va a beneficiar.

Deberían darse cuenta, además, de los errores de la motivación de su enmienda 526. Dicen ustedes al final que en el real decreto de revalorización de las pensiones de 2013 se regulará la obligación del pensionista de comunicar en el plazo de un mes la percepción de rentas. ¿En qué decreto de revalorizaciones para el 2013? ¿Dónde se va a regular? ¿Cómo se va a regular? Porque, si el plazo de enmienda finalizó el 26 de noviembre, ¿salió el decreto de revalorización? ¿Se refieren, por ejemplo, al 28/2012, de 30 de noviembre, donde, entre otras cosas, se regula el Fondo de Reserva para poder abrir otra vez la hucha de las pensiones? ¿O se refiere a aquel en el que se congelaron, en el que no se revalorizaron las pensiones? ¿Ahí? Yo ahí no encuentro −usted me corregirá− lo que les motiva a ustedes; y dicen que lo van a regular… Pues es una contradicción.

Llueve sobre mojado en materia de pensiones. Ya este año, pero en el presupuesto para 2012, en junio, trajeron otra enmienda que también parecía baladí. La defendió usted también: era una corrección técnica para decirnos que el Fondo de Prevención y de Rehabilitación había que asimilarlo al Fondo de Reserva, para que la Tesorería, en casos de extrema necesidad, pudiera coger algo de dinero para cuestiones muy puntuales. Eso fue en junio; usted nos dijo que era una cuestión técnica: en julio cogieron 4680 millones gracias a esa pequeñísima enmienda.

Esta enmienda puede significar que cientos de miles de pensionistas con derecho a percibir complemento a mínimos se encuentren con una obligación que gran parte de ellos no van a conocer. ¿Y qué significará que se les pase el plazo? ¿Se lo van a reintegrar? ¿Lo van a perder? Deberíamos ser más ágiles en la gestión; deberíamos seguir con el mecanismo que tenemos actualmente, que ha funcionado, y no hacerles las cosas más difíciles a estos pensionistas; porque parece que lo que ustedes persiguen es que a algunos se les pase, para ahorrarse algún dinero precisamente de los más débiles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, o usted no me ha entendido o no ha sabido entender la enmienda. Cuando alguien no quiere entender algo, pues no lo quiere entender y hace aquí el discurso que le parece.

Hemos sido muy cautos en lo que le acabo de explicar, y se lo repito. No vayamos a pensar que todo el que tiene un complemento a mínimos es un pobre o una persona depauperada; puede ser un señor que no tiene ningún tipo de ingresos, pero puede contar luego con otros ingresos atípicos, por cualquier otra causa, que no haya declarado. ¿Qué ocurre luego? Pues que cuando la Agencia Tributaria de oficio le manda a la Seguridad Social, a la entidad gestora, lo que un señor ha percibido, esta puede darse cuenta de que ese señor a lo mejor percibe una cantidad superior por otros complementos: porque pertenezca a un consejo de administración, por unas rentas o por cualquier otro tipo de ingreso. ¿Qué ocurre entonces? Que en ese momento la entidad gestora le tiene que decir de oficio este señor que ha percibido el complemento a mínimos que lo devuelva.

¿Qué hacemos aquí? Damos una solución muy lógica. ¿Cuál es? Ni más ni menos que decirle: haga usted una declaración jurada a final de año de lo que ha percibido; y es él quien declara cuánto ha percibido por todos los conceptos. Una vez que llegue esta declaración, perfectamente realizada y pormenorizada, a la entidad gestora, la entidad gestora dirá: por esta cuantía, usted ha pasado el tope y no tiene derecho al complemento a mínimos. Lo otro es un problema que está creando grandes dificultades a quien entiende que no tiene que declarar, y eso le puede pasar a cualquiera. Cuanta gente, con la renta, entiende que hay que declarar o que no hay que declarar, cuando es lo contrario. Luego vendrá la Inspección de Hacienda y dirá: esto y esto y esto y estos complementos tenía que haberlos declarado usted; devolución, pago o sanción, si ha habido mala fe, ya veremos. Aquí simplemente le facilitamos al pensionista que haga una declaración jurada. ¡Fíjese qué sencillo es!: declare usted bajo juramento a la entidad gestora qué ha percibido, aparte del complemento a mínimos, porque eso ya lo tiene la entidad gestora. Pues, mire usted, no he percibido nada. Si no ha percibido nada, lo declarará, y punto; y seguirá cobrando su prestación. Distinto es que la Inspección de Trabajo, o aquel a quien le corresponda hacerlo, compruebe que ha hecho una declaración fraudulenta y entonces caerá sobre él el peso de la ley, como sobre cualquier ciudadano; estamos en un Estado de derecho. Pero usted, por esto, entiende que vamos a perjudicar al pensionista. ¿Por qué? Ocurre todo lo contrario: es un beneficio, porque luego, cuando menos se lo espera el pensionista, actúa de oficio la entidad gestora, o la propia Administración central o la Agencia Tributaria. ¿Y qué ocurre entonces? Que manda un oficio a la Seguridad Social para que le reclame al pensionista la diferencia. ¿A qué da lugar eso? A tener que entrar en un pleito, en un contencioso, y el pensionista está en una situación peor que la de antes, ¡fíjese en lo hacíamos con él! Pero lo hacían también ustedes, porque esto procede de cuando ustedes gobernaban. Esto que proponemos es una solución a lo que ustedes han hecho malamente. Así que no sea usted torticero, porque es la actuación más justa y más clara para los pensionistas de España.

Y no me olvido de decirle una vez más esto sobre las pensiones: vamos a revalorizar las pensiones en un 2% al que gane menos de 1000 euros y un 1% al que gane más de 1000 euros. Y se han aumentado a todas, no están ni topadas. Es la mejor solución para el sistema que tenemos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria lo prohíbe, no es gusto, no es un capricho, ojalá pudiésemos subirles un 5% a los pensionistas, ojalá; pero ustedes esto no lo entienden. Como decía ayer, ¿ustedes de dónde vienen, de los cartagineses o de los romanos? ¿Cuándo han gobernado ustedes, señores? Han gobernado hace dos días, y en dos días han dejado esto listo de papeles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Título V

(artículos 50 a 62)

Anexo III

Sección 06

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Título V (artículos 50 a 62), anexo III y sección 06.

En primer lugar, enmienda número 1168, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Tiene la palabra el senador señor Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, ha presentado una enmienda únicamente, la número 1168, al título V del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, que damos por defendida en sus justos términos.

Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría,

Enmienda número 700 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

La damos por defendida.

Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, número 2768. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

Hemos presentado una única enmienda, la número 2768, al artículo 58: el que regula el Fondo para la Promoción del Desarrollo. Es el principal instrumento que nos queda en el ámbito de la cooperación. Dado que todas sus operaciones son reintegrables y no tienen, por tanto, efecto a medio y largo plazo sobre los presupuestos públicos, entendemos que las dotaciones previstas en el artículo 58 deberían incrementarse. Hay una dotación de 245 230 euros que entendemos que debería ser de 545 230 euros, con cargo a una partida presupuestaria concreta. El apartado segundo de este artículo establece que el Consejo de Ministros pueda autorizar operaciones con cargo al fondo mencionado por un importe de hasta 385 000 euros, en tanto que la enmienda pretende que sea de hasta 685 000 euros a lo largo del ejercicio 2013. Debe recordarse que este fondo permite colaboraciones Estado-Estado, Estado-organismos multilaterales, Estado-instituciones financieras internacionales y también aportaciones de capital y operaciones financieras con pequeñas empresas que pueden desarrollar proyectos de cooperación, absolutamente deseables en estos momentos. Por todo ello, pedimos su apoyo para esta enmienda.

Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bel.

Enmienda número 1449 y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el dictamen de la comisión. Para su defensa tiene la palabra la senadora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.

Quiero dar por defendida esta enmienda presentada al título V, De las operaciones financieras, a la sección 06, Deuda pública.

En estos presupuestos para 2013 reproducen ustedes las mismas debilidades, las mismas deficiencias, que ya observamos en los presupuestos para 2012. En esta partida, en concreto, la de deuda pública, es quizá en la que con mayor relieve se recoge la nefasta, la pésima gestión de política económica del Gobierno, que es incapaz de reducir la deuda pública, de reducir los intereses desorbitados que pagamos por ella, y, como consecuencia, de dar confianza a la economía española.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Marra.

Turno de portavoces.

¿Desea intervenir el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco, senador Zubia? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.

Nuevamente repito que donde con mayor relevancia se pone de manifiesto la pésima gestión, la pésima política económica y presupuestaria del Gobierno, es en estas partidas: en las partidas de deuda pública. Deuda pública y elevado coste financiero que está soportando nuestra economía, y una elevada prima de riesgo como muestra clara de desconfianza.

De hecho, este año la prima de riesgo ha alcanzado máximos históricos. Nos hemos encontrados con primas de riesgo de casi 650 puntos básicos. En la actualidad, se sitúa en entornos superiores a 400 puntos, lo que demuestra una clara desconfianza en nuestra economía.

Esta desconfianza hace que el pago de intereses de la deuda se sitúe en niveles desorbitados, de 38 600 millones de euros en estos presupuestos. Un crecimiento del 33,8%. Casi 10 000 millones de euros en lo que va de año. Representa más que todo el gasto de personal al servicio del Estado, un 3,63% del producto interior bruto.

Esto significa que los recortes que está llevando a cabo este Gobierno son absorbidos por el coste de la deuda, en detrimento de la inversión pública y de la financiación de los servicios públicos esenciales. De hecho, es la primera vez que el pago de la deuda se convierte en la mayor partida de los Presupuestos del Estado, excluyendo las partidas correspondientes al pago de pensiones. Supera los gastos de personal al servicio del Estado, los de los gastos de fomento de empleo y de prestaciones por desempleo en su conjunto. Eso hace imposible que este Gobierno lleve adelante políticas que generen confianza, crecimiento y que den respuesta al principal problema que tiene nuestra economía, que es el desempleo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Marra.

Por el Grupo Popular, el señor Fernández de Moya tiene la palabra; acumulará unos minutos más por el turno en contra.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, posicionar a mi grupo respecto a las enmiendas que se han presentado al título V, anexo III, y a la sección 06, Deuda pública, a la que no se ha presentado ninguna enmienda, por más que insista el Grupo Parlamentario Socialista. Ahora les explicaré por qué no han presentado enmiendas a la sección 06 ni el Grupo Parlamentario Socialista ni ningún otro grupo parlamentario.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado una enmienda de modificación del artículo 54.2; una enmienda que pretende añadir un apartado d) sobre los avales que otorga el Estado, con objeto de que se proceda a una reserva de 3500 millones de euros como garantía de las emisiones del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico. El sentido de nuestro voto va a ser desfavorable, señoría. En primer lugar, porque la enmienda cita el apartado b) del artículo 54.2 que exactamente no es el que figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Proponen establecer una reserva específica de 3500 millones de euros para obligaciones del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico; hasta la fecha, como usted bien sabe, se han colocado en ese fondo nada más y nada menos que unos 13 000 millones de euros, de importe efectivo, y, además, han sido comunicados los compromisos de cesión por importe de otros 7000 millones de euros. Es decir que la cifra comprometida con el FADE es de alrededor de 20 000 millones de euros. Además, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto Ley 14/2010 y la disposición final primera del Real Decreto Ley 9/2011, por el que se modificó la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, dentro de los avales a otorgar por el Estado, se fijó una cuantía máxima, que usted, señoría, conocerá, de alrededor de 22 000 millones de euros; de acuerdo igualmente con lo establecido en su momento en la disposición adicional vigésimo primera. Además, el Gobierno está abordando, como sabe su señoría, el déficit de tarifa del sistema eléctrico mediante otra serie de medidas: los reales decretos 1/2012, 13/2012 y 20/2012, el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en trámite parlamentario, y la aplicación de la financiación de costes eléctricos a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por eso vamos a rechazar la enmienda.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta una enmienda sobre el Fonprode, el Fondo para la Promoción del Desarrollo. Esta enmienda, señoría, está relacionada con la número 738 que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al estado de gastos del presupuesto de este departamento, que se ha elaborado, en opinión del Gobierno, sobre las premisas de austeridad, restricción y contención del gasto público, manteniendo las aportaciones necesarias para el funcionamiento de los principales programas de colaboración y también, por supuesto, de cooperación. El Grupo Entesa propone con su enmienda de modificación del artículo 58, relativo al Fonprode −Fondo para la Promoción del Desarrollo−, la elevación de la dotación presupuestaria dedicada a este fondo hasta 670 000 euros. Desde nuestro punto de vista, esto sería imposible de instrumentar en términos normativos, de acuerdo con la redacción actual del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Incluso el establecimiento de un límite específico para operaciones, que por su carácter no reembolsable conllevaría un ajuste de alrededor 140 000 euros, implicaría poner en peligro el criterio de estabilidad presupuestaria −irrenunciable para el Gobierno− y el objetivo de déficit público, además de que sería ciertamente inviable desde el punto de vista de la articulación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.