Turno: 64 / Se reanuda la sesión a las nueve horas

Pero lo que quiero es que conste -con el respeto que tengo a esta Cámara y que le seguiré teniendo y a todos los presentes, y dado que ustedes, el Partido Popular, tienen la mayoría absoluta y en esta legislatura deciden lo que se aprueba y lo que no en el Senado- que una enmienda aprobada el 5 de julio en esta Cámara, presentada por mí pero aprobada por todos, con el consentimiento también del Grupo Popular, debería tener reflejo en estos presupuestos. Quizá se podrían haber negociado las cantidades. Entendemos que vivimos en un contexto de crisis, pero me da mucha pena que, vía presupuestos ―que es donde se debería ver reflejada la moción que se aprobó, insisto, con su consentimiento porque son mayoría en esta Cámara, evidentemente legítima―, vayan a rechazar esta enmienda que, sin duda, presenté porque respondía a una necesidad que sigue vigente en la isla de El Hierro. Además, las cantidades económicas eran mínimas para el ámbito del Estado, pero para la isla de El Hierro supondrían un balón de oxígeno de cara a superar la situación en que se encuentra. Por otro lado, repito, el hecho de aprobar estas enmiendas hubiera dado a esta Cámara la relevancia que creo que tiene y solo implicaría ratificar una moción que se aprobó con el beneplácito del partido que apoya al Gobierno, el Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervendré rápidamente para insistir en que sabemos que el contexto es difícil y también que entendemos que se tiene que priorizar, pero la enmienda, que es coincidente con la de otros grupos parlamentarios, de dotar el fondo para los municipios de menos de 20 000 habitantes estoy casi seguro de que incluso ustedes la defenderían si estuvieran en la oposición.

Se trata de una cuestión de justicia con aquellos ayuntamientos que lo están pasando peor porque el sistema de financiación, que –repito- entendemos que es malo para todos ellos, lo es especialmente en estos momentos para los municipios de menos de 20 000 habitantes, con independencia de las otras medidas, como retrasar la devolución de la liquidación negativa de 2008 y 2009, que afecta a los de menos de 20 000 habitantes, pero también a los de más de 20 000 habitantes; además de las operaciones de pago a proveedores, que también afecta a todos y que recuerdo que tiene un coste para estos ayuntamientos. Por tanto, no voy a insistir más, pero quiero dejar constancia de nuestra voluntad al respecto.

No sé si es que estaban pasándome alguna información adicional y me he despistado, pero no he oído en la respuesta del portavoz del Grupo Popular ningún argumento en contra de lo que establecíamos para la clarificación del ajuste del Fondo de Suficiencia Global en el caso de la financiación de las comunidades autónomas, a efectos de que quede claro y explícito que la recaudación que se había incrementado un 11% en el mes de noviembre ―y que ayer no recordaba el ministro Montoro― va a afectar a las arcas de la Administración central, pero no a las de la Administración autonómica porque esta mayor recaudación por incrementos de tipos del IVA va a suponer a su vez, y de forma inmediata, una disminución del Fondo de Suficiencia Global.

Por lo tanto, las comunidades autónomas no se van a ver beneficiadas y esta enmienda trata de clarificarlo, de explicitarlo y, obviamente, de pedir la rectificación de la ley de 2009 que permite esta situación.

Sabemos que aplican la ley, somos conscientes de ello, pero ustedes tienen que ser conscientes de que modificaron también los tramos del IRPF. Creo que antes la senadora Angulo, en el apartado de normas tributarias, cuando presentamos la enmienda referente a la actualización de los mínimos dijo que las comunidades autónomas tenían margen para hacerlo; y es cierto, pero no tienen capacidad financiera para asumirlo. Y tienen margen en los mínimos por ascendientes, por descendientes y por personas con discapacidad. En cambio no tienen margen para los mínimos derivados de las rentas del trabajo y de las rentas de actividades económicas, que son competencia exclusiva del Gobierno central, o más concretamente de estas Cámaras.

Es por ello que no se puede achacar a las comunidades autónomas la falta de voluntad. Al subir las tarifas del IRPF, a las comunidades autónomas, en términos reales, prácticamente no les queda margen para volver a incrementar los tipos impositivos. Incrementan los tipos impositivos del IVA y se reservan exclusivamente la recaudación. Por tanto, están dejando sin margen a las comunidades autónomas. Tendremos ocasión de hablarlo en una interpelación la semana próxima, que yo mismo le haré al señor Montoro, pero debo decir que han creado un impuesto exclusivamente con un tipo cero para que las comunidades autónomas tampoco tengan margen en este ámbito para incrementar los recursos financieros.

Es por ello que insisto y reitero en la necesidad de poder atender algunas de estas enmiendas.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intuyo un cierto complejo de culpabilidad en los argumentos que, desde el ministro hasta cada portavoz del Grupo Parlamentario Popular, están utilizando reiteradamente en sus intervenciones. Porque todo el tiempo nos están hablando de que han tenido que tomar unas medidas que consideran difíciles pero que consideran necesarias. Pero, señorías, si leemos la realidad, deberían añadir un nuevo adjetivo: medidas difíciles y necesarias; y un año después —porque ya estamos hablando de un año después, y ustedes son herederos de su propia herencia—, nos están demostrando que estas medidas son también unas medidas inútiles. Un año después hay más paro; España, el Estado, debe más dinero; la confianza en nuestro país ha caído por debajo de la de Italia; un año después estamos mucho peor.

Luego, señorías, en esta Cámara, que es de segunda lectura, todavía estamos a tiempo de rectificar, también en la financiación municipal. Muchos alcaldes, que no son precisamente de mi partido, me preguntan: ¿Pero dónde narices crece la financiación municipal en los presupuestos del año que viene? Si nos han cargado un 40% el plan concertado de servicios sociales y las ayudas a los servicios sociales; si han retirado los 45 millones del fondo para los municipios de menos de 20 000 habitantes, que nos expliquen de dónde crecen.

Señoría, todo el mundo sabe que los municipios pequeños tienen mucha menos capacidad de acceder a los recursos financieros y, sin embargo, prestan, en una parte muy difícil del territorio, los mismos servicios que los municipios grandes. Por ello pedimos el mantenimiento del fondo, que el año pasado se presupuestó y contó con una partida de 45 millones de euros, por la solidaridad que el Estado debe tener con los municipios españoles y por estricta justicia, porque a veces los alcaldes pequeños tienen la sensación de que se les está haciendo pagar los desmanes que un alcalde, que ahora es ministro, cometió en el Ayuntamiento de Madrid; tienen esa sensación. Por una cuestión de justicia, apoyemos a los ayuntamientos pequeños.

En cuanto a la enmienda sobre financiación autonómica, señor portavoz del PP, no confundamos el Fondo de Liquidez Autonómico con las disposiciones adicionales de los estatutos, porque el Fondo de liquidez es una ayuda que ahora reciben las comunidades y que luego van a tener que devolver. Nosotros estamos hablando de inversiones, inversiones que en comunidades como la nuestra, la Comunidad de Aragón, supondrían una ayuda adicional para algo tan importante como que no se paralicen las obras que se están acometiendo en las autovías que unen el Cantábrico con el Mediterráneo; o desdoblar carreteras muy peligrosas con mucha mortandad, como la N-II o la N-232; o impulsar el desarrollo agrario a través de embalses como el de Biscarrués, o el de Yesa; o unir Valencia por Teruel con el Cantábrico a través de una vía ferroviaria moderna. Esas inversiones, que podrían hacerse con cargo a la disposición adicional sexta de nuestro estatuto, son vitales para nuestra comunidad.

Se trata, señorías, de traducir en hechos las palabras con las que se les llena las boca al hablar a favor del municipalismo o de la organización territorial del Estado descentralizado en comunidades autónomas; apoyar a los ayuntamientos y a las autonomías que prestan los servicios más valorados por los ciudadanos, más necesarios para los ciudadanos es dotarles de recursos suficientes para cumplir con sus competencias, y mantener la lealtad institucional significa cumplir fielmente lo pactado. Lo he dicho en la anterior intervención.

Como pueden ver, insisto, no se trata de enmiendas partidistas…
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
El señor BECANA SANAHUJA: Finalizo ya, señor presidente.

…se trata de enmiendas, señorías, dirigidas fundamentalmente a respaldar algo que los ciudadanos cada día nos reclaman más, que es la cooperación leal, sincera, entre las instituciones para, entre todos, salir de esta.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Blasco.

El señor BLASCO MARQUES: Buenas tardes, señor presidente.

Voy a comenzar mi turno de portavoces siguiendo el hilo argumental del portavoz del PSOE. Él ha terminado hablando de la lealtad institucional, y yo voy a empezar hablando −porque así lo llevaba, pero también porque es especialmente significativo cómo ha terminado el portavoz− de la lealtad institucional.

El que les habla ha sido alcalde con Aznar, he sido alcalde −poco tiempo− con Zapatero y soy alcalde con Mariano Rajoy, o sea, con el PP, con el PSOE y vuelvo a estarlo con el PP. Pero voy a hablar en nombre de mi grupo, no de mi ayuntamiento ni de mi comunidad, de toda España. Esa lealtad institucional quiere decir que los Gobiernos autonómicos y los Gobiernos municipales se pueden fiar de lo que el Gobierno de España pone en presupuestos, de las leyes que se aprueban en el Parlamento y de su cumplimiento, y también de la Ley de Presupuestos. Lealtad institucional también es que el Gobierno de España espera de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos un buen ejercicio de la autonomía local y un buen ejercicio de la Administración autonómica. Administración leal o lealtad institucional es que lo que se ponga en estos presupuestos luego se cumpla y lo reciban las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Lo que no es lealtad institucional −y lo digo como un hecho histórico, no como un reproche− es hacer unos Presupuestos del Estado como los que yo vi en esta Cámara en 2008 o en 2009, si me permiten la expresión popular, inflados los ingresos y minorados los gastos, de forma que todos sabíamos que los presupuestos −porque aquí se hablaba− no eran racionales, no eran rigurosos y no se iban a cumplir. Esa forma de hacer los presupuestos obligó a los ayuntamientos a gastar un dinero −porque venía en los presupuestos y así se transfirió− y a devolverlo unos años después, porque lo que se había puesto en presupuestos era rigurosamente, pero rigurosamente, falso. Y cuando la lealtad institucional falla de arriba a abajo, es muy difícil que ahora les pidamos a los de abajo, a los ayuntamientos o comunidades autónomas, que sean comprensivos con la política nacional.

El Gobierno del Partido Popular lo que está diciendo es todo lo contrario, que hay que decir la verdad a la hora de hacer el presupuesto y que todo el mundo sepa lo que va a hacer con el dinero que tiene. Lealtad institucional que hay que pedir a los ayuntamientos, porque aquí Estado somos todos, como dijo Zapatero; los ayuntamientos tienen que ajustar mucho los gastos y gastar en lo que son sus competencias, y las comunidades autónomas tienen que ajustar mucho sus gastos y dedicarse a lo que se tienen que dedicar que es a la prestación de los servicios básicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, y dejarse de otras parafernalias a las que son tan dadas muchas comunidades autónomas.

Ustedes vienen hoy aquí y reclaman −y contesto a algunas de las enmiendas− el cumplimiento de los estatutos en materia de inversiones −el Partido Socialista lo acaba de hacer para cinco o seis comunidades autónomas; los partidos nacionalistas catalanes lo han hecho con referencia a su estatuto− pero da la impresión de que ustedes siguen todos a su bola; no se enteran de que se ha terminado la España del “qué hay de lo mío”. Esa España en la que cada uno y pide lo que le interesa a su provincia y a su comunidad autónoma ha pasado. Ahora los ciudadanos cuando se manifiestan en la calle lo hacen porque ven el peligro de perder sus derechos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales; y lo que está haciendo el Gobierno de España es contestar a eso, ayudando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, sean del color que sean. Da lo mismo; hay una clara confrontación en este momento con Cataluña que se ve en cualquier medio de comunicación, pero aún así el Gobierno de España no es desleal, institucionalmente hablando, y dice: yo tengo que ayudar a todas las comunidades autónomas, y se está haciendo. Por tanto, no minusvaloren las medidas que ha tomado el Gobierno a lo largo del 2012, porque son una ayuda esencial a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para poder prestar los servicios básicos.

Las enmiendas −y me dirijo a todos los portavoces− se van a rechazar, como parecía obvio de la intervención de nuestro portavoz en el turno en contra, porque van todas dirigidas a “qué hay de lo mío”, con todos los respetos, unos al transporte metropolitano de sus ciudades...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
El señor BLASCO MARQUES: Termino, presidente.

...y de sus comunidades.

Los senadores Quintero y Zerolo: “qué hay de lo mío” para mayores inversiones en turismo en la comunidad canaria. Y en una época de abundancia podríamos discutirlo; en esta época de rigidez presupuestaria, de escasez presupuestaria, lo importante es garantizar los servicios esenciales a los ciudadanos. Hay que hablar menos de los territorios y más de los ciudadanos, y entonces la población española entenderá las duras medidas que se están tomando, si todos somos leales, el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

Disposiciones adicionales.

Anexos VIII, XI y anexo nuevo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Blasco.

Pasamos a las disposiciones adicionales y los anexos VIII, XI y anexo nuevo.

Del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas 584 a 598, de los señores Quintero y Zerolo; enmiendas 16 a 36, de los señores Iglesias y Mariscal, y enmienda 663, del señor Eza, la señora Salanueva y el señor Yanguas.

Tienen veinte minutos para repartirse entre ustedes.

Tiene la palabra el señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Coalición Canaria presenta diferentes enmiendas a esta sección. En la primera enmienda, la 584, pretendemos añadir tres párrafos e), f) y g). Nosotros creemos que no debería poner “podrá tenerse en cuenta” el criterio de las comunidades autónomas, sino “se tendrá que tener en cuenta”, porque son estas, las comunidades autónomas, las primeras que saben hasta dónde pueden llegar con el déficit y con la deuda.

La enmienda 585 trata sobre la subvención del 50% al transporte en los territorios no peninsulares, tema del que ya se ha hablado mucho y nos preocupa enormemente. De nuevo, el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento pone trabas a la bonificación del 50% que tenemos los residentes, puesto que deja abierta la puerta −vía orden ministerial, si es criterio del señor ministro− a rebajar hasta en un 25% la subvención, que ahora es del 50%. Y la otra coletilla que dejan los presupuestos es que no se bonificarán todos los precios de los billetes. Lo he dicho cincuenta veces en esta Cámara: a partir del día 14 y hasta el día 22 de diciembre, los billetes de ida a Canarias cuestan una media de 580 euros. Entonces, ¿el Ministerio pone un tope y los canarios no tenemos derecho a salir? Como cuesta más de una cantidad equis, ya no se aplica el descuento del 50%, con lo cual nos quedamos encerrados en Canarias, o los canarios que quieran ir a Canarias se tienen que quedar fuera de las islas. Nos parecen dos medidas otra vez tomadas desde el desconocimiento. Porque si tanto dice el Gobierno que garantiza el 50% de subvención, ¿por qué deja estas dos coletillas? En un caso, pudiéndolo rebajar, vía orden ministerial, si al ministerio le apetece, y en el otro, porque no se bonificarán todas las cuantías.

Hemos hecho muchas propuestas al Gobierno. Si no se quiere que las compañías cobren con dinero público el excesivo precio que están cobrando, pongan una OSP, una obligación de servicio público, al transporte aéreo entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y el territorio peninsular, y fije unos precios máximos. Así no tendríamos que pagar con el dinero público estas alarmantes cantidades. Si no hace eso, las compañías seguirán subiendo los precios; seguiremos perdiendo rutas, porque ya hemos perdido algunas tanto en Baleares como en Canarias, y seguirán aumentando los precios. Los aviones van sobrecargados, porque no hay frecuencia para el traslado de pasajeros, y al final, el Estado y los pasajeros pagarán más. Eso sí, el Ministerio se guarda las dos coletillas de reducir hasta el 25% mediante orden ministerial, o no subvencionar con el 50% algunas cantidades. De verdad que me parece un desconocimiento y una puntilla muy peligrosa a la economía de los territorios no peninsulares.

Otra enmienda es la relativa al certificado de residencia. Lo hemos repetido por activa y por pasiva. Se iba a arreglar, pero todavía seguimos presentándolo. Solo hay una compañía, Binter Canarias, que, si lo compras por Internet −desconozco si ocurre en Baleares, pero creo que no−, ya queda acreditado el certificado de residencia. Con el resto de compañías, tanto en tránsito de las islas a la península como a la inversa, tenemos que seguir presentándolo; algo arcaico, que nos cuesta dinero y tiempo y que creemos que no es de utilidad.

También presentamos unas enmiendas sobre bonificaciones en las nuevas rutas. Explico cómo tienen que ser esas nuevas rutas con los países que no pertenecen a la Unión Europa, y hago una diferenciación especial, puesto que, si para las nuevas rutas debe haber más de 100 kilómetros, como comprenderán, en las islas Canarias no hay tal distancia entre una isla y otra. Y vuelvo a pedir una reivindicación histórica, como es la quinta libertad para las islas Canarias.

En la enmienda 592 hablamos de los planes de empleo para Canarias, porque, como dije ayer en el debate del veto, estos planes son lo único con lo que han contado muchas familias canarias en estos últimos dos años de crisis importante, cuando se ha producido una elevadísima tasa de paro, la segunda del Estado español, para tener recursos económicos, porque, en materia de empleo, lo dejan completamente a cero.

También dejan completamente a cero, con esa reducción de 42 millones, las infraestructuras educativas, a lo que también se refiere el Régimen Económico y Fiscal, y también se lo cargan.

Retiro en estos momentos la enmienda número 595 porque me confirmaron ayer que AENA ya refleja estos días valle, como se había solicitado desde Canarias.

Vuelvo a insistir en una enmienda muy especial que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, lo mismo que en el Congreso, sobre la regulación eléctrica en Canarias que, vía Presupuestos Generales del Estado, quita a los territorios no peninsulares −y esto afecta a Canarias, a Ceuta y Melilla y a Baleares− el sobrecoste en la generación de energía. Esto va a suponer, señorías del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que en Canarias suba el recibo de la luz, de la electricidad, puesto que, como saben −y se lo dije ayer al ministro−, tenemos seis sistemas aislados y la producción en Canarias de seis sistemas aislados sale mucho más cara que en el territorio continental, donde la demanda es más fuerte y no tiene tanta dependencia. En cambio, esa compensación que recibían de los Presupuestos Generales del Estado los territorios no peninsulares garantizaba que en todo el territorio español y en Canarias se cobrara la misma tarifa de luz. Con esto que ahora presenta, vía enmienda, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado −y ya con el agua teníamos una preocupación añadida− incomprensiblemente, van a conseguir que la electricidad en Canarias suba y que haya más pobreza para los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Senador Quintero, me ha parecido entenderle que retiraba una enmienda.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: La 595.
El señor PRESIDENTE: Gracias.

Senador Mariscal, tiene usted la palabra.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Quiero dar las enmiendas por defendidas y centrarme en un par de ellas que considero importantes. Voy a intentar hacerlo siguiendo el consejo que el anterior portavoz del Grupo Popular nos ha dado a la hora de pensar en el conjunto de la ciudadanía y no tanto en los territorios. En este caso puede ser un consejo bastante propio para esta sección. Hablamos en esta enmienda al articulado de que el IPREM suba un 6% para recuperar el 5% de pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, más un 1% en 2013, estableciendo mecanismos de revisión económica. También hay algunas enmiendas que hablan de la necesidad de flexibilizar lo que tiene que ver con el dogma de la estabilidad presupuestaria aplicado a las administraciones locales como, por ejemplo, establecer un calendario de eliminación del endeudamiento local y que no se tenga la obligación de que todo el superávit se dedique a reducir el endeudamiento neto, sobre todo en esta fase de crisis económica.

Y haciendo caso a lo que nos decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, vamos a sugerir que todos los ciudadanos y todas las entidades sean iguales en nuestro país y todos tengamos que apretarnos el cinturón, arrimar el hombro y hacer sacrificios. Este es el mensaje general que se da, con el cual se puede estar más o menos de acuerdo, pero la coherencia en la aplicación de este discurso llevaría a que el Grupo Parlamentario Popular apoyará dos de las enmiendas que nosotros presentamos en este articulado para que todos seamos iguales.

En primer lugar, se propone recortar las asignación del Estado a la Iglesia católica en un 20% para que, al igual que se hace con sindicatos, partidos políticos y patronal, se haga un esfuerzo por parte de lo público y que, además, hagamos caso al punto número 5 del concordato, con el cual nosotros estamos de acuerdo −hay pocas cosas con las que estemos de acuerdo en el concordato, pero con esa sí−, en el que hay un reconocimiento específico de la Iglesia católica en España para llegar a la autofinanciación. Con ese punto del concordato entre la Iglesia católica y el Estado español estamos de acuerdo, y nos parece que se debería fijar un calendario para alcanzar ese objetivo tan loable de que la Iglesia católica, como otras entidades, se financie de forma autónoma y propia.

Por supuesto, hay una enmienda para que, como todos somos iguales, el “qué hay de lo mío” no prime sobre la ciudadanía en general y la Iglesia no tenga esa exención del impuesto sobre bienes inmuebles, que nos parece un elemento de desigualdad entre el conjunto de la ciudadanía y esta entidad privada.

Para no hablar del “qué hay de lo mío” y hablar simplemente de lo que nos corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a los servidores, a los funcionarios públicos, y a aquellos que estamos en la vida pública, hemos presentado una enmienda en la que pedimos que al más alto funcionario del Estado, que es Su Majestad el Rey, y a la Casa Real se aplique lo que dicen las propias leyes sobre la transparencia en sus finanzas. Por eso queremos que en la Casa Real se establezcan las regulaciones legales para que conozcamos a través del registro de actividades y de bienes en qué se gasta el dinero que el Estado le presta, cuáles son sus elementos de gasto, así como el patrimonio que va adquiriendo Su Majestad el Rey y la Casa Real especialmente cuando aquel vuelve de sus viajes.