Turno: 64 / Se reanuda la sesión a las nueve horas

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peral.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, presidente.

Senador Álvarez Areces, aquí vamos a hablar de la verdad de los hechos. Lo que a ustedes no les ha molestado durante quince años, lo que ustedes concertaron, no sé si con más o menos entusiasmo, de repente, ahora les molesta muchísimo.

¿Sabe cuál es la causa? Pues es muy sencilla, que desde hace doce años en el Partido Socialista manda el radical socialismo. Lo dije en marzo de 2004, unos días antes de las elecciones que llevaron al Gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo acaba de reconocer el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha pedido que su partido avance en un radicalismo reformista.

¿Qué es el radical socialismo y qué representó en España durante la Segunda República o en Francia en la Tercera y Cuarta repúblicas, en Chile y en otros países? Pues un partido dirigido por personas de origen burgués, bastante moderado en lo económico, muy tolerante con el capitalismo y caracterizado por un laicismo agresivo. Un partido que con su actitud sectaria y excluyente fue una de las causas del fin de la Segunda República. Un partido jacobino pero que en su sección catalana no tuvo ningún inconveniente en unirse a Estat Català para formar Esquerra Republicana de Catalunya, el partido desleal que en octubre de 1934 se levantó contra el Gobierno legítimo de la Segunda República. ¿Quieren ustedes esta orientación para el Partido Socialista? Pues, a la vista de la historia, no es algo bueno para la democracia española. (Rumores.)

Entre tanto, señorías, resulta patética la plantilla que les han impuesto a todos ustedes de ofender a la Iglesia católica en cada ocasión que se preste, excepto cuando para describir la situación económica de España hablan de Cáritas y de los millones de personas que atiende Cáritas; un truco infantil dentro de una política laicista, inconcebible en un país en el que el 80% de los padres eligen libremente que sus hijos reciban educación religiosa católica en la enseñanza primaria. No sé, señorías, quiénes son sus asesores en estrategia política y electoral pero, sin duda, merecen dedicarse a otra cosa.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peral.


Título II

Capítulo II

(artículos 19 y 20)

Título II

Capítulo III

(artículo 21)

Título III

(artículos 22 a 38)

El título II, capítulo II (artículos 19 y 20), no ha sido objeto de enmiendas.

El título II, capítulo III (artículo 21), no ha sido objeto de enmiendas.

Pasamos al título III (artículos 22 a 38).

Empezamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las números 2 a 13 de los senadores Iglesias y Mariscal. Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal por tiempo de doce minutos.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad es que hace falta audacia para traer al Senado un debate sobre la Segunda República y definir el papel que juegan hoy los herederos de cada una de las organizaciones de aquel entonces.

No voy a entrar en eso y sí a defender las enmiendas que Izquierda Unida presenta a esta sección a fin, sobre todo, de revertir la congelación salarial a la que se ven obligados los empleados públicos, los funcionarios, y de defender la calidad frente a los intentos de degradación permanente de estos servicios públicos en el conjunto del Estado español. El envejecimiento de las plantillas y el empeoramiento de los servicios depende de que esa tasa de reposición vire del actual cero por ciento y que se puedan sustituir los empleados públicos en un 100%. Especialmente, tenemos enmiendas que se refieren a la tasa de reposición en municipios pequeños y medianos que tienen plantillas relacionadas con la extinción de incendios, la policía local o los servicios sociales. Para ellos es un verdadero trauma el hecho de no poder sustituir a los trabajadores que se van jubilando.

Finalmente, quiero referirme, porque también tiene que ver con el papel de los ayuntamientos, al debate que se ha traído antes a colación sobre si Izquierda Unida votaba en los presupuestos de la Junta de Andalucía los 50 millones de euros para los municipios. Creo que también hace falta tener mucha audacia para traer ese debate aquí, señorías del Partido Popular. En Andalucía, precisamente, se ha puesto en marcha un fondo para los municipios y los ayuntamientos –y a los alcaldes que están aquí de la Comunidad Valenciana o de la Comunidad de Madrid seguro que esto les suena a chino, porque no existe para ellos-. Es un fondo de participación en los tributos de la comunidad autónoma, 480 millones, no finalistas, señorías. 480 millones en Andalucía. Valencia, cero. 480 millones en Andalucía. Comunidad de Madrid, cero. Un fondo para la participación en los tributos de la comunidad autónoma con carácter no finalista. Y se mantiene este fondo, a pesar de que el Gobierno del Partido Popular destina 1418 millones menos de transferencias correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y tienen la audacia de traer aquí ese debate y decir que Izquierda Unida tiene que votar una enmienda de 50 millones de euros en los presupuestos de la Junta de Andalucía, cuando se están destinando nada más que 60 millones de euros adicionales para la gestión por parte de los ayuntamientos –y a los señores alcaldes de los municipios valencianos esto también les sonará a chino- destinados a programas sociales, de seguridad alimentaria y de combate contra la pobreza gestionados por los ayuntamientos. Eso también se está haciendo en Andalucía. Comunidad de Madrid, cero. Valencia, cero. Sí, señor Fernández de Moya, señor alcalde de Jaén, demuestra que defiende –no sé si muy bien o muy mal- los intereses de los jienenses pero, desde luego, de municipalismo, poco o nada.

El objetivo de déficit cero que ustedes defienden es lo que está poniendo contra las cuerdas al municipalismo en nuestro país. Los que son alcaldes, sean de derechas, sean de izquierdas, sean de lo que sean, saben perfectamente que el objetivo de déficit cero que su Gobierno ha puesto en marcha para los ayuntamientos es imposible de cumplir sin privatizar servicios públicos, sin empeorar la calidad de los servicios públicos, y sin echar en manos privadas al bien común.

Por tanto, si insisten en seguir reduciendo las transferencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y si insisten en el cumplimiento de déficit cero para las entidades locales, evidentemente, va a ser complicado que puedan defender aquí el municipalismo con la cabeza alta.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, enmiendas números 687 a 699 y 1016 a 1019.

Para su defensa, ¿van a compartir turno el senador Guillot y el senador Bruguera? (Asentimiento.) Tienen diecisiete minutos para compartir.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Señorías, quiero empezar diciendo que es malo interpretar la historia de España en la Segunda República a partir del señor Pío Moa; habría que citar más autores y verían que el derrumbe de la Segunda República no fue ni por los hechos de Asturias ni por los hechos de Cataluña sino por la sublevación militar del general Franco.

Dicho esto, quiero manifestar al Partido Popular, y especialmente a la senadora Angulo, que tanta arrogancia, tanta soberbia cuando nada va bien, cuando no han resuelto nada, cuando el país está peor que cuando se lo encontraron -a pesar de que la herencia fuera mala-, no tiene demasiado sentido, y también quiero decirle, señora Angulo, que una media verdad, por mucho que la repita, es una gran mentira. Hay un pacto entre el Estado y la Generalitat, que ustedes están obligados a cumplir, que es el acuerdo de la comisión bilateral respecto a la disposición adicional tercera, y, como ha dicho el senador Bruguera, si ustedes no lo creen, convoquen la comisión bilateral y deshagan ese pacto. No es tan difícil de entender, hasta para usted. Haga un esfuerzo y sitúese en la realidad.

Señoría, cuando hablen de Cataluña intenten hacerlo con muchísima prudencia porque estamos en una situación muy delicada y no sé si acaban de entender o si han leído lo que ha pasado en Cataluña, los resultados de las pasadas elecciones. Pues bien, en esta situación tan delicada lo que menos necesitamos son intervenciones de este tipo; lo que menos necesitamos es un PP conflictivo, arrogante, que respecto a peticiones más que razonables, que se sustentan en un estatuto y en acuerdos políticos, reaccione como reacciona usted, porque esto lo único que hace es dar alas, argumentos y razones a aquellos que dicen que no hay solución dentro de este Estado. Por tanto, sea un poco prudente, dése cuenta de la situación que, por mucho que no le guste, es la que hay, y a partir de aquí reaccione con la máxima responsabilidad.

Entrando en nuestras enmiendas a estos artículos, las he dividido en tres bloques: un primer bloque de enmiendas orientadas a la reposición de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que consideramos son los grandes perdedores en esta crisis; un segundo bloque que afecta a la prohibición universal de contratación de personal por las administraciones públicas, sobre todo aquellas que hacen referencia a las administraciones locales y a los ayuntamientos pequeños y medianos, porque para una gran administración, con mucho personal, la no reposición puede soportarse, pero para un pequeño o un mediano ayuntamiento, cuando en muchas ocasiones la dotación de personal ya es muy escasa, el impedimento de reposición es un grave problema que solo puede afectar a la calidad o a la misma prestación de un servicio público. Por tanto, creemos que habría que flexibilizar esos aspectos y adaptarlos a la realidad administrativa, porque en España no solo tenemos grandes administraciones sino también, y sobre todo, muchísimos ayuntamientos medianos y pequeños. Por último, está la preocupación de nuestro grupo parlamentario por la necesidad de que haya una participación de los sindicatos en la aplicación del complemento de productividad para evitar discrecionalidad, para evitar posibles problemas en una situación tan sensible para los empleados públicos.

En definitiva, proponemos una flexibilización respecto a la previsión de contratación del personal para las administraciones públicas, que se tenga en cuenta las dimensiones de estas administraciones, especialmente las de los entes locales, medianos y pequeños, y la reposición del poder adquisitivo perdido por estos empleados, algo que consideramos injusto. Ustedes me contestarán, como siempre, que no hay dinero, etcétera. Ayer el senador Saura hacía referencia a cómo se podía conseguir más dinero: lucha contra el fraude, fiscalidad, fiscalidad verde, etcétera. Ustedes a esto no han hecho ni caso, y lo único que hacen es golpear a las clases populares y a las capas medias y es por ello por lo que presentamos esta serie de enmiendas.

Gràcies, president.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Senador Bruguera, tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, presidente.

Mi intervención va en la misma línea. Nuestro paquete de enmiendas a este bloque también tiene que ver con las tasas de reposición y la posibilidad de prever ofertas de empleo público, sin renunciar, por supuesto, a criterios de austeridad en todas las administraciones públicas, especialmente en los municipios.

En primer lugar, hay municipios pequeños, con muy pocos funcionarios, que si, por ejemplo, no pueden sustituir una jubilación, les supone el 50% de su plantilla. Por tanto, estamos ante un problema que en algunos casos puede ser grave, muy grave.

En segundo lugar, hay municipios que están perfectamente saneados y castigarlos como a otros que puedan tener más complicaciones, más dificultades para cuadrar sus presupuestos, tampoco nos parece lógico. Por consiguiente, y en esta línea, estamos hablando de promover ofertas públicas de empleo en lo que, a nuestro juicio, son servicios básicos esenciales: docentes, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado -igualmente para las comunidades autónomas con competencias en materia de seguridad, comunidades con policía propia, policía local, control y lucha contra el fraude fiscal y el fraude laboral-, Administración de Justicia, servicios de prevención y extinción de incendios, universidades, organismos públicos de investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, en general, el personal encargado del desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Por tanto, de alguna manera, con nuestras enmiendas, estamos acotando la posibilidad de promover ofertas de empleo público a servicios públicos básicos, servicios públicos esenciales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Para defender las enmiendas números 2759 a 2767, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señorías, presentamos a este título III nueve enmiendas que tienen un denominador común que es, precisamente, eliminar las tasas de reposición restrictivas o, en todo caso, la posibilidad de contratación para determinadas situaciones que son prioritarias en diferentes aspectos. Voy a intentar explicar, dado que no son muchas, las nueve de forma resumida.

Precisamente en la primera, en la número 2761, que afecta al apartado 2, del punto uno del artículo 23, pretendemos suprimir la tasa de reposición del 10% porque en un escenario restrictivo para la contratación habrá que priorizar y ustedes priorizan pero entienden que se podrá reponer con una tasa del 10% el personal dedicado al asesoramiento jurídico, la gestión, el control de asignación de recursos, etcétera. Desde nuestro punto de vista, se podría prescindir de esta, dado que vamos a dar la posibilidad de incrementar la plantilla en otros aspectos.

Ustedes añaden esta posibilidad en relación con el ejercicio pasado, pero nosotros la eliminaríamos. ¿Por qué? Porque la siguiente enmienda, la número 2760, propone una tasa de reposición pero no del 10% sino del 20% en el caso de los funcionarios docentes, de hospitales y centros de salud. Algunas de las enmiendas que presentamos son sustitutivas porque si se admite alguna de ellas, seguramente las otras ya no serían necesarias, pero las hemos planteado con cierta gradación.

También hemos mantenido una enmienda, la número 2764, que es la que solicita que se permita a las corporaciones locales que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria que puedan reponer las plazas al 100% en los servicios de policía local y de extinción de incendios. Sé que me dirán que a raíz de una enmienda incorporada en el Congreso de los Diputados los servicios de policía local ya se pueden reponer al 100% para aquellas corporaciones locales que cumplan estos objetivos de estabilidad, pero la hemos mantenido porque entendemos que del mismo modo que se reconoce esta necesidad en relación con la policía local, también se debería cubrir esta necesidad en cuanto a la extinción de incendios. En nuestro caso, lo estamos pidiendo esencialmente para Cataluña por el Ayuntamiento de Barcelona, que es quien tiene esta competencia.

Asimismo, hemos presentado la enmienda número 2759, que pretende eliminar las limitaciones de contratación de personal en los programas dedicados al fomento de la investigación y desarrollo, esencialmente en aquellos organismos dentro del sector público ―ya sean universidades, hospitales o centros de investigación― que estén efectuando captación externa de recursos. Por tanto, propugnamos que no se establezca esta limitación para aquellos centros públicos dedicados a la investigación que obtengan recursos fuera de los presupuestos públicos porque no tiene sentido y, en todo caso, haría menos competitivos estos centros de investigación en relación con otros, bien del ámbito privado o bien del público de otros países.

También creemos que se debe permitir una tasa de reposición del 10%, que ahora no lo está, para todos aquellos empleos públicos vinculados al desarrollo de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Eso afecta a las comunidades autónomas pero, sobre todo, a los ayuntamientos.

La enmienda número 2765 es más genérica y pretende que queden excluidas de esta limitación de reposición de los empleos públicos todas aquellas corporaciones locales con una población inferior a 20 000 habitantes. Como ya se ha dicho, y voy a repetir, para determinadas corporaciones locales, pequeñas en su mayoría, el establecer una limitación o una tasa de reposición del 10% es tanto como eliminar determinados servicios. En aquellos ayuntamientos ―y les podría nombrar algún caso― donde hay tres funcionarios para prestar un determinado servicio, si se jubila uno de ellos no se puede reponer y eso implica la reducción del servicio en una tercera parte. Eso afecta de forma especial a los municipios pequeños y, por tanto, les pedimos que muestren cierta sensibilidad en relación con ellos.

También hemos presentado otra alternativa similar a esta, la enmienda 2764, en la que no me voy a extender y doy por defendida.

Finalmente, la enmienda 2762 pretende adaptar la terminología prevista en la legislación vigente -Ley orgánica de Universidades y Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación- en cuanto a la definición de lo que es personal investigador. Se establece que se podrá reponer hasta un 10% del personal investigador, pero no se concreta esta definición y, en determinados casos, en determinadas universidades esto ha generado problemas. Se pretende clarificarlo y que la definición coincida con la mencionada ley orgánica.

La enmienda 2766 pretende que durante el ejercicio 2013 todos aquellos entes de derecho público que cuenten con recursos necesarios para ampliar el personal, sin que ello implique un mayor gasto en los Presupuestos Generales del Estado, puedan aumentar su plantilla sin ningún tipo de limitación, dado que esto no situaría en un peor escenario a los Presupuestos Generales del Estado y el objetivo de asumir el déficit público.

En todo caso, a modo de resumen, entendemos que estas limitaciones de ampliar la plantilla de los entes públicos puede tener sentido en un contexto como el actual, no lo vamos a discutir, pero lo que no puede ser es que se generalice, no puede ser que se generalice a todos por igual porque, como muy bien se ha dicho, esta limitación no afecta a todos por igual; no afecta de la misma forma a una corporación local que tenga 1000 empleados públicos que a una que tenga 6; y esto la ley no lo discrimina. No debería afectar por igual a todas las corporaciones locales ni incluso a todas las comunidades autónomas. No se puede penalizar a aquellas que han hecho los deberes, a aquellas que han mantenido sus ratios de endeudamiento, sus ratios de déficit público dentro de los marcos legalmente establecidos, y a las que en estos momentos se está penalizando. Y, finalmente, tampoco se debería penalizar a todos aquellos entes públicos que consigan recursos fuera de los presupuestos públicos, y se les debería dar la posibilidad de tener libertad de contratación; es decir, aquellas entidades, aquellas universidades, aquellos centros de investigación que están consiguiendo recursos del sector privado no deberían tener absolutamente ninguna limitación en la contratación porque, como he dicho, les hace menos competitivos, es injusto y, además, les desincentiva a buscar estos recursos, dado que tienen este tipo de limitación.

En todo caso, esperamos que, si no todas, algunas de estas propuestas puedan ser recogidas por ustedes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas 1443 a 1448 y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el dictamen de la comisión.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Sanz por tiempo de siete minutos.
La señora SANZ MURILLO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Nos sorprende que nos den lecciones de historia —hace un momento nos las han estado dando— y que nos llamen radicales quienes todavía, en sede parlamentaria, no han condenado la dictadura franquista. (Aplausos.) Por lo tanto, le pediría que, por favor, no nos den lecciones de historia, ni tampoco pretendan arreglar nuestra casa ni decirnos cómo tenemos que funcionar dentro de nuestro grupo o de nuestro partido.

Pues bien, a lo que íbamos. El título III de la ley de Presupuestos Generales del Estado establece los gastos de personal de la Administración General del Estado y en parte también de las otras administraciones públicas, la autonómica y la local. Por segundo año consecutivo se congela de nuevo la nómina de los funcionarios, una medida injusta tras el esfuerzo y los sacrificios que vienen realizando los empleados públicos, con la consiguiente acumulación de pérdida de poder adquisitivo de un sector de la población tan importante, lo que repercute de manera muy negativa en el consumo, que retrotrae más nuestra ya de por sí maltrecha situación económica, y todo ello unido a que continúa la prohibición de aportación a planes de pensiones y a que, por supuesto, les afecta de lleno, al igual que a todos los ciudadanos, los recortes en educación y sanidad. En definitiva, esta situación de congelación salarial tiene un carácter restrictivo y es contraria a las políticas de demanda que necesita la economía española en la actualidad, aunque por el momento –y digo bien, por el momento- los empleados públicos recuperan la paga de Navidad para el próximo año, aunque, como los números no cuadran, es posible que en cualquier momento se apruebe un real decreto ley cambiando esta situación, al igual que pasó con los presupuestos de este año o con la revalorización de las pensiones.

Entendemos perfectamente que hay diferencias abismales entre el Grupo Popular, que sustenta al Gobierno, y el Grupo Socialista en cuanto a nuestra distinta forma de ver el sistema de gestión de servicios públicos y somos conscientes de que ustedes están plasmando su sistema y, por tanto, su modelo, que es reducir las administraciones públicas y, por consiguiente, el número de empleados públicos en aras de una supuesta adecuación de las administraciones por un supuesto sobredimensionamiento del sector público, algo totalmente falso si lo comparamos con países de nuestro entorno.

Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos varias enmiendas con el fin de evitar la descapitalización de las administraciones públicas y la destrucción de empleo público, que ya se está produciendo, concretamente la 1444, 1445 y 1447. Proponemos establecer con carácter general el 10% de la tasa de reposición, puesto que la congelación absoluta conllevará consecuencias nefastas para nuestras administraciones y, por otro lado, proponemos elevar del 10 al 30% los sectores especiales, aunque somos conscientes de que es insuficiente. Saludamos que en este proyecto de presupuestos el Gobierno haya introducido en estos sectores especiales otros sectores propuestos anteriormente por el Grupo Socialista.

También quiero destacar la enmienda 1448, ya que en la actividad de I+D es frecuente la contratación de personal temporal con cargo a subvenciones finalistas. Este tipo de contratos son imprescindibles para el funcionamiento del sistema, favorecen la movilidad y en ningún caso son comparables a otros contratos temporales del sector público.

Asimismo, presentamos una enmienda de modificación al artículo 22. Tres. En el proyecto de presupuestos se prohíbe que las administraciones, entidades y sociedades del sector público puedan realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo que incluyan la cobertura de jubilación, sin hacer distinciones en relación con otras contingencias diferentes de la jubilación, que se pueden cubrir a través de estos instrumentos de previsión social. Como consecuencia, los empleados del sector público que cuenten con un sistema de protección social complementaria que dé cobertura a las contingencias de invalidez y fallecimiento han dejado de estar protegidos, al imposibilitarse de manera general la aportación a dichos instrumentos, con independencia de la cobertura que protejan. Con esta enmienda, la número 1443, se recupera la posibilidad de realizar aportaciones a los planes de pensiones de empleo para la cobertura de las contingencias. Solo quedan prohibidas las aportaciones destinadas a la cobertura de la jubilación.