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Directo al hospital

La idea del Minsal es que en las licitaciones se incluya la entrega directa en los centros de salud, lo que generaría mayor eficiencia y menor gasto al Estado. Eso sí, se mantendrá dentro de las atribuciones de la central la gestión de compras de insumos y de medicamentos para mantener la capacidad negociadora del Estado al comprar por grandes volúmenes.

Mañalich explica además que para la implementación de estas medidas sólo se necesita agregar estos ítems a las bases de cada licitación. Sí quedará entre sus funciones la gestión de la compra, para conseguir precios competitivos. Actualmente trabajan en Cenabast alrededor de 240 personas. Su director es Aldo Yáñez (ex director del Servicio de Salud Biobío), quien asumió interinamente tras la renuncia de Mario Jerez por los cuestionamientos a su gestión.

Ecuador emite un instructivo para licencias obligatorias (Ver en Economía y Acceso en: Tratados de Libre Comercio, Exclusividad en el Mercado y Patentes)

AISLAC, marzo 2010

El Salvador. El Anteproyecto de la Ley de Medicamentos es Anticonstitucional

El Diario de Hoy, 29 de marzo 2010
Así lo advierten el Colegio Médico y la industria Químico-Farmacéutica, ya que la iniciativa delega al Ministerio de Salud la responsabilidad constitucional del Consejo Superior de Salud Pública. Este sería desmantelado mediante varias derogaciones en el Código de Salud, Ley del Consejo Superior de Salud Pública y Ley de Farmacias
La propuesta del Ministerio de Salud, de hacerse del control irrestricto de la salud, lo ha llevado, según el Colegio Médico y la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar), a descerrajar el artículo 68 de la Constitución de la República que establece al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) como la institución que debe velar por la salud de los salvadoreños.
El artículo 68 de la Constitución, en la sección cuarta, habla de la Salud Pública y Asistencia Social, y asegura textualmente que “un Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo. Estará formado por igual número de representantes de los gremios médico, odontológico, químico-farmacéutico y médico- veterinario: tendrá un presidente y un secretario de nombramiento del Órgano Ejecutivo, quienes no pertenecerán a ninguna de dichas profesiones. La ley determinará su organización”.
También manifiesta que “el ejercicio de las profesiones que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo, será vigilado por organismos legales formados por académicos pertenecientes a cada profesión. Estos organismos tendrán facultad para suspender en el ejercicio profesional a los miembros del gremio bajo su control cuando ejerzan su profesión con manifiesta inmoralidad o incapacidad. La suspensión de profesionales podrá resolverse por los organismos competentes con sólo robustez moral de prueba”.
En este sentido, los responsables de la vigilancia ya están contemplados en la “Ley del Consejo Superior de Salud Pública y de los Organismos revigilancia del Ejercicio Profesional”, la cual establece a la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico- Farmacéutica (JVPQF) como la garante de esa área desde la perspectiva sanitaria.
Sin embargo, el Ministerio de Salud se ampara en los artículos 1 y 69 de la Constitución para echar en marcha su anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que, entre otras cosas, busca regular el mercado, garantizar la calidad de los medicamentos y que la información de los mismos sea declarada de carácter público.
Una de las apuestas de Salud es hacerse de las responsabilidades de las juntas de vigilancia del CSSP, el cual, según declaraciones del viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, a un canal local, no cumple con sus funciones. Espinoza afirmó que el CSSP hace sus funciones “marginalmente”, amparando la vigilancia de los medicamentos en el Código de Salud,“que es una ley secundaria”. “Esto—según el funcionario—es lo que ha viciado todo el asunto, porque el Consejo y las juntas de vigilancia están diseñadas como organismos colegiados que son para vigilar el ejercicio profesional, y no están diseñadas para hacerse cargo del registro de los medicamentos”.
Espinoza añade: “Eso crea una situación terrible, porque los que llegan ahí (al CSSP) como representantes colegiados son o están ligados de alguna manera a la industria químico farmacéutica. Entonces, se convierten en juez y parte a la hora de ejecutar el proceso de registro”.
No obstante, estas ambiciones, son valoradas como inconstitucionales por el presidente del Colegio Médico, Rodolfo Canizález, quien además critica la exclusión de la institución del Consejo Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios (CNMPS) que contempla el anteproyecto. “Que el ministerio quiera llevarse las responsabilidades de la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico-Farmacéutica, es inconstitucional”, argumentó Canizález, quien observó que las responsabilidades que pretende adquirir el Ministerio de Salud, verdaderamente, serán absorbidas por los galenos y, para ello, no hay ningún financiamiento.
Canizález cuestionó que participen en el CNMPS representantes del Centro Nacional de Registros y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y no ellos que son el Colegiado Médico. “Me pregunto: ¿saben ellos de medicamentos? Además, no hay ningún perfil, dentro de esa ley para los que deben integrar el consejo”.
También catalogó como absurdo que se pretenda que los médicos tengan que informar de los efectos adversos que pueden tener los medicamentos en los pacientes, cuando ellos, en muchos hospitales, principalmente los nacionales, no tienen un control total de los medicamentos. “Las sanciones que ponen a los médicos por no informar, superan los seis mil dólares y, entonces, los compañeros que tienen un salario indigno van a pagar esa cantidad por no dar esa información. La calidad de los medicamentos puede mejorar si se facilita la información, pero los médicos no pueden ser sancionados por no hacerlo”, expresó.
La anterior tesis es respaldada por el presidente de Inquifar, José Mario Ancalmo, quien argumentó que el anteproyecto “tiene vicios de inconstitucionalidad, ya que velar por la salud del pueblo incluye el tema de los medicamentos. Si ellos despojan al CSSP de esa potestad, se estaría violando el mandato constitucional”.
Carmen Estela Pérez, directora ejecutiva de Inquifar y abogada, explicó que Salud ha realizado una interpretación errónea de una sentencia de la Sala de lo Constitucional para pasar las atribuciones del CSSP al ramo de Salud. “Lo que pretenden con esta ley es vaciar de contenidos todas las funciones del CSSP, y lo despojan de manera absoluta de sus atribuciones relacionadas con los medicamentos. Van a dejar al Consejo, que es una autónoma por mandato constitucional, con nada por hacer. Sólo lo dejarán con la vigilancia de las profesiones”, advirtió Pérez.
Otro vicio de inconstitucionalidad señalado es respecto a la fijación de precios, ya que esta función, según Inquifar, está contemplada para casos excepcionales, detallado en el artículo 102 de la Constitución de la República, el cual “garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social. El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país”.

De esta manera, Inquifar subrayó que de ser aprobado el proyecto, “al día siguiente”, tendrá un recurso de inconstitucionalidad puesto ante la Corte Suprema de Justicia.

Observan vicios de inconstitucionalidad en la propuesta.

Enrique Valdés, médico y diputado por ARENA, se suma a las críticas. “La ley lo que busca es un Estado controlador e inquisidor por que será el Estado el que decidirá de forma arbitraría la fijación de precios y esto podría llevar a escasez de los productos a los que no tienen acceso los ciudadanos, pero también obligar a las empresas a entregar información que es propia de las empresas y, por lo tanto, atenta contra la libre competencia”, asevera el legislador.

Pero del lado del partido oficial, la diputada Zoila Quijada dice que quienes se oponen a esta ley es porque quieren impedir que se controle la calidad de los productos.
Desmantelamiento del CSSP

Más contundentes son las valoraciones de Rosa Margarita Zaldívar, presidenta de la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico- Farmacéutica, quien indicó que el manejo de los precios no es competencia del CSSP ni de la Junta de vigilancia de Profesión Químico-Farmacéutica. Es, asegura, una responsabilidad del Ministerio de Economía. Zaldívar llamó “falsas” las observaciones en el considerando III del proyecto en el que “las competencias asignadas en el régimen de medicamentos a la Junta de Vigilancia de la Profesión Química Farmacéutica, ya no se adecuan a las condiciones sociales y sanitarias que demanda el país, siendo necesario un nuevo marco legal que aborde integralmente el tema de los medicamentos, productos naturales, vitamínicos y de otros que ofrezcan o no acción terapéutica, desde su fabricación hasta comprobar la efectividad de los mismos en la población que hace uso de ellos”.

Zaldívar dijo que la junta que preside está constantemente actualizándose, por lo cual no se puede justificar la creación del anteproyecto en una valoración falsa. La propuesta de Salud también contempla, en el artículo 111, que “cuando en los decretos, leyes y reglamentos se haga referencia a atribuciones concedidas al Consejo Superior de Salud Pública o a las Juntas de Vigilancia de las Profesiones relacionadas con la Salud, que por la presente se le hayan confiado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se entenderá que a partir de la vigencia de esta Ley lo serán de éste último”.

Esto certifica que sólo el Ministerio de Salud tendrá total control del tema. Además, el artículo 113 explica que el CSSP queda facultado para realizar la transferencia de los activos, consistentes en bienes muebles en favor del Ministerio de Salud, que ya no sean útiles para el cumplimiento de sus fines en virtud de las disposiciones contenidas en la ley, y asimismo, el CSSP transferirá el total de archivos y documentos que constituyen el registro de medicamentos y establecimientos farmacéuticos, para que a partir de la vigencia de la presente ley sean administrados por el Ministerio de Salud.

Por si esto fuera poco, en el artículo 115 pide que se deroguen del Código de Salud: los literales a, g, h, i, k, n, r, s, t, u, v y x del artículo 14, que designan al CSSP como garante de la salud del pueblo. Incluye la derogaciones en la ley del CSSP, “del inciso segundo del artículo 2”, y los literales g, h, i, k, l y o del artículo 11. Y como punto final, ordena la derogación total de la Ley de Farmacias, la que está vigente desde junio de 1927.
El FMLN no visualiza la Inconstitucionalidad

La diputada Zoila Quijada atribuye señalamientos al anteproyecto aunque hay diversas interpretaciones

El FMLN sigue firme en el manejo de sus propuestas y por partida doble defiende su anteproyecto de ley de medicamentos—el que, de momento, no está en discusión—y el del Ministerio de Salud, el cual ha encontrado férreas oposiciones en diversos sectores del país, entre los cuales se incluyen el médico, la empresa privada y el farmacéutico.
Así lo deja plasmado la diputada Zoila Quijada, relatora de la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Asamblea Legislativa; quien defendió ambos proyectos, ya que tienen similitudes. La legisladora restó importancia a los señalamientos de inconstitucionalidad a la propuesta de Salud, argumentando que habrá diversas interpretaciones del mismo.
Quijada explicó que la propuesta de ley de medicamentos es un documento que está siendo estudiado, y “la Asamblea está obligada a garantizar en la redacción del articulado que no haya ningún aspecto que pueda interpretarse como inconstitucional”.
“La Constitución es clara, que establece al Estado esa competencia (garante de la salud de los salvadoreños). En la legislación secundaria quien desarrolla el mandato constitucional. Es una interpretación que es incorrecta”, sostuvo Quijada.
Según la congresista, la oposición al anteproyecto surge de las empresas farmacéuticas, las cuales no quieren ser legisladas y debido a múltiples conflictos de intereses. “Los planteamientos que se están haciendo en contra de la ley, tienen como base, de las empresas farmacéuticas, la de impedir una legislación que les obligue, por un lado, a que sus productos, antes de ponerse en el mercado, pasen por un control de calidad. Porque estamos consumiendo harinas y almidones, y no es cierto que la información que dice en la viñeta, existe en el producto”, razonó.
Los anteproyectos a los que se refirió Quijada son apenas dos de los seis que analiza la Comisión de Salud, uno de ellos presentado por ARENA, los cuales fueron enviados a mediados de marzo para que fueran analizados y observados por el Colegio Médico, el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) y sus juntas de vigilancia.
Desde ya, y a pocos días de entregar sus consideraciones, las instituciones compartieron algunos planteamientos con El Diario de Hoy, las cuales van desde la inconstitucionalidad porque le quita protagonismo al CSSP, hasta la pretensión de crear una reacción, a través de la ley, que haga desaparecer a la autónoma, considerada en el artículo 68 de la Constitución de la República.
Cierre de consultas médicas en farmacias, otro punto cuestionado de la ley

Uno de los puntos que ha generado más polémica en la propuesta es el cierre de puestos de trabajo para los médicos en las farmacias, ya que, según el anteproyecto, se prohíbe la prescripción de medicamentos al interior o en locales anexos de establecimientos farmacéuticos por parte de médicos y odontólogos contratados para tal fin, aunque la consulta sea gratis.

Esta medida ha sido criticada por la ex presidenta de la Junta Médica, Concepción de Herrera, quien consideró que “en todas las farmacias del país debería de haber un médico”, ya que de esta manera se evitaría la prescripción de medicamentos por parte de los dependientes y farmacéuticos.
De Herrera, formadora de galenos, aseguró que prefiere que un médico “esté dando consultas en una farmacia, y no se dedique a vender carros. A veces, se dedican a cualquier cosa”.
Esta valoración es respaldada por Saúl Rosa, gerente general de Farmacias Económicas, las cuales tienen un médico en cada una de sus salas. “Además de ser una oportunidad de trabajo, la consulta médica en farmacias es una alternativa para que la población tenga acceso a una atención médica efectiva, y de bajo costo”, aseguró.
La postura no es respaldada por Juan Antonio Tobar, ex presidente del Colegio Médico, y el actual titular de la institución, Rodolfo Canizález, aunque ambos compartieron su interés en que los médicos tengan más y mejores oportunidades de trabajo en el país, pero no en las farmacias.

México. Difícil el camino para medicamentos genéricos. Sobreprotección a medicinas de patente (Ver en Ética y Derecho en: Conducta de la Industria)

Editado por Salud y Fármacos

México. Colisión de Laboratorios Farmacéuticos defraudan al IMSS (Ver en Ética y Derecho en: Conducta de la Industria)

23 de febrero de 2010

Editado por Salud y Fármacos

México. Medicamentos biotecnológicos, en incertidumbre por falta de reglamento

Planeta Azul, 21 de enero de 2010

http://www.planetaazul.com.mx/www/2010/01/21/medicamentos-biotecnologicos-en-incertidumbre-por-falta-de-reglamento/
Recordó que si bien las modificaciones a la Ley General de Salud que establecen el empleo de biotecnología para la producción de fármacos se aprobó el pasado mes de junio, aún no hay forma de aplicarla puesto que hace falta dicha figura legal.
“No hay manera de decidir la manera en que han de aprobarse o registrarse los medicamentos biotecnológicos ante la Cofepris, como tampoco permitir que avancen los registros de aquellos que se encuentran en trámite”, agregó.
En este sentido, apuntó, muchos fármacos se encuentran detenidos en esta dependencia debido a la falta del reglamento que tenía hasta hace un par de meses para ser emitido. Sin embargo, el gerente de la empresa mexicana destacó la importancia de haber emitido los cambios a la ley que modula la producción de fármacos de esta naturaleza, puesto que su desarrollo acelerado obliga a tener un marco de referencia para su control.
“Esto permite la existencia de una estructura para evaluar la efectividad y seguridad de los productos. Son pocos los países que tienen una legislación de este tipo en Europa; en EU, aún no; en México, la tenemos pero no hay manera de aplicarla”, abundó.
Certidumbre.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ernesto Saro, ha destacado la necesidad de aprobar y publicar dicho reglamento, “para dar certidumbre jurídica a los fabricantes de estos productos e incentivar a las empresas a que inviertan en la generación de sus productos en México”.

“Para la obtención del registro sanitario de medicamentos biotecnológicos, el solicitante deberá cumplir con los requisitos y pruebas que demuestren la calidad, seguridad y eficacia del producto, de conformidad con las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables y una vez comercializado el medicamento biotecnológico se deberá realizar la farmacovigilancia de éste, conforme la normatividad correspondiente”, establece uno de los puntos del artículo 222 Bis, no obstante todos esos indicadores no tienen un parámetro normativo.
“Necesitamos que se especifiquen estos parámetros para saber a qué nos vamos a enfrentar como industria, qué se nos va a exigir y proceder en consecuencia”, enfatizó Galo.
Actualmente la Ley General de Salud en materia de regulación de medicamentos biotecnológicos y biogenéricos, dijo, establece lineamientos muy generales, como la instauración de nomenclatura para designar este tipo de desarrollos; también en lo que respecta a la aplicación de pruebas para el registro de algún producto, sea éste innovador o genérico, donde las mismas serán definidas, caso por caso, por un subcomité de evaluación de productos biotecnológicos, y la forma de etiquetar a éstos.
Los medicamentos biotecnológicos son aquellos cuyo principio activo es obtenido a partir de un organismo vivo que ha sido modificado genéticamente por medio de la tecnología, como la insulina.
Ofrece esperanzas en el manejo y control de enfermedades crónico degenerativas como cáncer, diabetes, hepatitis o artritis reumatoide.
Para el químico, el retraso en estos procedimientos no sólo afecta a la industria, sino finalmente al usuario final. “Esto repercute en los pacientes, puesto que mientras haya más jugadores habrá un mejor acceso a los productos y se aprovechará de mejor manera esta tecnología”.

México. Litigan laboratorios 15 registros sanitarios que la Cofepris entregó

Darío Celis

El Universal, 5 de marzo de 2010

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/883405
Hace una semana la Suprema Corte de Justicia dio a conocer la versión final sobre la contradicción de tesis para que las patentes se incorporen a la Gaceta de Medicamentos del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).
Según la sentencia, las patentes de medicamentos alopáticos, como sus nuevas formulaciones que incluyan un ingrediente, sustancia o principio activo, deben incluirse en la publicación a que se refiere el artículo 47 Bis del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Con esta resolución, la máxima instancia de justicia que encabeza Guillermo Ortiz Mayagoitia cierra la puerta a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como la Cofepris.
El objetivo es evitar que el organismo que lleva Miguel Ángel Toscano, Cofepris, vuelva a otorgar nuevos registros sanitarios [a medicamento protegidos por] patentes, cuyos titulares son laboratorios nacionales y extranjeros que están avalados por el IMPI. Se estima que actualmente la Cofepris ha entregado alrededor de 15 registros sanitarios, cuya titularidad de la patente está registrada ante el instituto que dirige Jorge Amigo Castañeda.
Todos estos casos han pasado por litigios que involucran miles de millones de dólares por concepto de ventas anuales de medicamentos básicamente contra afecciones como osteoporosis, sida, cáncer y otras enfermedades graves. Entre las empresas que se encuentran involucradas están la canadiense Apotex, que comanda Héctor Carrillo, la productora más grande de genéricos de Canadá, amén de empresas de la India y Panamá.
Esto ha representado un daño económico para la industria farmacéutica en México. Baste considerar que el mercado de medicamentos pirata tiene un valor cercano a los US$1.200 millones. En contrapartida, la industria invierte miles de millones de dólares para lograr una patente. Sin ir tan lejos, los laboratorios extranjeros costean en investigación clínica al año unos PM$1.300 millones, sólo en México.
La resolución de la Suprema Corte marcó el límite de la ilegalidad en la industria farmacéutica y dio certidumbre a la protección industrial en el tema de los medicamentos de patente. Lo anterior puede ser una oportunidad para los laboratorios nacionales agrupados en la Anafam, que preside Dagoberto Cortés, y las extranjeras afiliadas a la AMIIF, que lleva Jaime Pira, para producir medicamentos novedosos.
En otro frente de la industria farmacéutica, fíjese que la Comisión Federal de Competencia, que preside Eduardo Pérez Motta, podía aplicar una sanción económica por más de P$80 millones a cada uno de los 34 laboratorios agrupados en la AMIIF si la denuncia que presentó hace una semana Genomma Lab tiene méritos para iniciar una investigación por presuntas prácticas absolutas monopólicas en el mercado farmacéutico nacional. La compañía de Rodrigo Herrera considera que, a iniciativa de los laboratorios extranjeros, se ha presionado para reducir los espacios publicitarios de los medicamentos intercambiables.
Actualmente el valor que tiene este mercado es de dos mil millones de dólares, según estimaciones de KPMG, que dirige Guillermo García-Naranjo.

México. Se estudia ley que permitirá la venta de antibióticos solo con receta médica (Ver en Prescripción, Farmacia y Utilización en: Farmacia)

Editado por Salud y Fármacos

Nicaragua. INSS tras pastel farmacéutico (Ver en Ética y Derecho en: Conflictos de Interés)

La Prensa, 24 de marzo de 2010

http://www.laprensa.com.ni/2010/03/24/nacionales/20074

Editado por Salud y Fármacos

Perú. Malas empresas estafan con productos naturales (Ver en Ética y Derecho en: Publicidad y Promocion)

El Comercio, 27 de marzo de 2010

http://elcomercio.pe/impresa/notas/malas-empresas-estafan-productos-naturales/20100327/452641

Perú. Calidad de medicinas importadas será verificada por el Minsa en países de origen

Andina. 17 de febrero de 2010

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=4ctxFpAWho0=
La calidad de las medicinas que se importan al Perú será verificada por el Ministerio de Salud incluso en los países donde éstas son fabricadas, informó hoy el titular de ese sector, Óscar Ugarte, al señalar que dicha fiscalización incluirá a los fármacos genéricos y a los de marca.
Precisó que la nueva Ley de Medicamentos, aprobada en noviembre, otorga a la Dirección General Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) una mayor capacidad de fiscalización, que le permite ir a otros países y verificar las buenas prácticas en la fabricación de fármacos.
“En los años 90 se podía registrar cualquier producto y no había capacidad de la Digemid para fiscalizar. Eso ya cambió con la nueva Ley de Medicamentos (…) Lo que vamos a hacer es la vigilancia de las buenas prácticas de manufactura en los países de origen”, manifestó.
Agregó que, si bien la Digemid tiene facultades para fiscalizar la industria nacional de medicinas, aún es necesario contar con el reglamento de la nueva Ley de Medicamentos para traspasar las fronteras y verificar in situ la calidad de los fármacos antes de importarlos al Perú.
El ministro señaló que dicho reglamento será publicado a más tardar en mayo, pero mientras tanto existen otros mecanismos para garantizar la calidad de los medicamentos importados, entre ellos, los certificados que emiten los organismos fiscalizadores propios del país de origen.
“La norma dice que mientras Digemid desarrolla esa capacidad, hay otros mecanismos que garanticen la vigilancia de la calidad farmacológica, como el certificado de calidad y buenas prácticas de manufactura farmacológica del país de origen, lo que es suficiente para el Perú”.
En declaraciones a RPP, el funcionario añadió que entre otras acciones emprendidas por su sector para garantizar medicinas de calidad a la población figuran la normatividad que dispone que los médicos receten fármacos genéricos o con la denominación común internacional.
Asimismo, el ministro destacó la creación del primer Observatorio Peruano de Precios de Medicamentos “on line”, que permite a cualquier persona acceder gratuitamente a los precios estimados de las medicinas de marca y los genéricos, en el ámbito público y privado.
En ese sentido, Ugarte desestimó lo señalado recientemente por el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), Luis Caballero, sobre una presunta falta de capacidad fiscalizadora de la Digemid orientada a la calidad farmacológica en el país.
“Estamos fortaleciendo las capacidades de Digemid (…) El señor Caballero dice que Digemid no fiscaliza las buenas prácticas de manufactura de medicamentos y que eso es el punto de partida para la mala calidad de los medicamentos y genéricos. Eso no es cierto”, enfatizó.
El titular del Minsa dijo además que para efectos de evaluar la calidad de los medicamentos que llegan al Perú se cuenta con la intervención y participación activa del Instituto Nacional de Salud (INS) y de otras tres empresas privadas que se encargan de ello.

Más adelante, Ugarte Ubilluz consideró como “una barbaridad” las declaraciones de Caballero, quien indicó que el 35% de lo que se factura en el mercado farmacéutico peruano es falsificado o de dudosa procedencia, lo que equivaldría a un promedio de 350 millones de dólares.

“Eso no es así. Es una barbaridad. Él se refiere al 35% de los productos pesquisados y que están en el mercado informal (...) El estado compra el 45% de los productos del mercado, garantizando la calidad de la industria nacional o importada”, anotó.
 
Finalmente, señaló que su sector mantiene una buna relación con la industria, pero lo que se busca es contar con reglas de juego claras que permitan tener productos farmacéuticos de calidad a bajo precio, además de facilitar el acceso a medicinas por parte de toda la población.

Perú. Multas de hasta S$7,200 pagarán médicos que receten medicinas de marca

Andina, 8 de febrero de 2010

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=gVEZPtc3Yco=
Sanciones que van desde la amonestación hasta la aplicación de multas que pueden llegar a los S7.200 (US$1=S$2,83 soles) recibirán los médicos que receten medicinas de marca, advirtió hoy el ministro de Salud, Óscar Ugarte, al indicar que los galenos deben prescribir fármacos de nombre genérico.
Durante una visita de inspección al Observatorio Peruano de Precios de Medicamentos en el Hospital San Bartolomé, el titular de Salud recordó que, si bien los galenos pueden sugerir una determinada marca, prescribirla en una receta médica está prohibido por las leyes vigentes.
“Quien no receta con nombre genérico está incurriendo en una infracción y puede ser sancionado. Se establecen sanciones desde la amonestación hasta mutas que van hasta las dos UIT (Unidades Impositivas Tributarias)”, declaró el funcionario en diálogo con la prensa.
Tras señalar que ya hubo algunos galenos sancionados por cometer este tipo de infracciones, Ugarte Ubilluz explicó que las normas actuales exigen a los médicos recetar fármacos con la denominación común internacional, es decir, con el nombre genérico del producto.
En ese sentido, destacó que este observatorio permitirá a los pacientes acceder a valiosa información referida a precios, tanto de medicinas genéricas y de marca, y en función de su capacidad económica, optar por el fármaco que más le convenga.

Detalló que la diferencia entre una medicina de marca y una genérica es abismal. Por ejemplo, una ampolla de marca, que cuesta entre S$18 y 20, , tiene el mismo efecto que una genérica que puede costar sólo 30 céntimos de sol en las farmacias del Ministerio de Salud (Minsa).

“Hay diferencias muy grandes en los precios de medicinas que son básicamente lo mismo, y a veces, incluso, siendo fabricadas por el mismo laboratorio. Queremos que todas las personas tengan esa información y puedan elegir por el medicamento que más le convenga”, anotó.
Agregó que su sector busca ampliar el servicio de este observatorio estableciendo módulos permanentes de verificación de precios en otros hospitales, incluso del interior del país.